06/02/2020

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Contratos de compraventa: ajustan condiciones para que las bodegas cumplan

Pese a haberse reglamentado en febrero de 2019, la Ley 9133 que obliga a registrar contratos de compra venta de productos vitivinícolas hasta ahora no imponía plazos máximos de cumplimiento.




Pero tras una temporada con intimaciones a empresas por cambiar formas de pago y precios a productores e incluso demandas en la Justicia, la vendimia 2020 será más estricta: las bodegas deberán asentarlos desde antes del primer ingreso de uva y hasta 10 días luego del fin de cosecha.

Faltaba precisar dónde y cómo. Desde ahora será la Dirección de Fiscalización y Control el área responsable, y si bien en principio se planteaba una gradualidad de aplicación, la decisión es que la temporada 2019/20 sea la del puntapié inicial, justo cuando se anticipa una cosecha inferior a la 2019 y que por ende puede impactar en las cotizaciones.

La novedad tomó por sorpresa a parte de la industria. Se sabe que el último año, con una inflación asfixiante y un dólar que trepó de $40 a $62, desnudó lo laxo de una norma que pocos tomaron en serio, incluso grupos vitivinícolas señalados con el dedo por productores-proveedores afectados.

Extraoficialmente, hay unas 50 bodegas en la mira desde la vendimia 2019 tras haber sido intimadas por incumplir. Y que pueden perder beneficios ante el FTyC (créditos blandos) y dentro del régimen de exportación de vino, además de ser pasibles, de acuerdo al volúmen, de multas de hasta $20 millones.

Por eso, algunos admiten que el ministro de Economía Enrique Vaquié había anticipado un endurecimiento: basta de "pseudo-contratos" y modificaciones, en una señal fuerte a esos grandes compradores de uva bajo sospecha al comienzo de la temporada.  

"Lo que se establece son los parámetros en función de la fortaleza institucional adquirida que plantea la ley y según lo discutido con las cámaras. Y una fecha tope acorde al término de la vendimia", subrayó Alejandro Zlotolow, subsecretario de Comercio e Industria.

Más allá de las intimaciones, la ley establece que en caso de ameritar una sanción económica se calcula como el equivalente al 5% del monto correspondiente a la materia prima no registrada.

El contexto de los cambios

Un caso paradigmático que terminó en la Justicia ayuda a entender la medida. Un proveedor de Malbec de Valle de Uco demandó a Peñaflor en 2019 por daños y perjuicios: por un lado, a causa del desfasaje financiero, inflación mediante, desde la  entrega de la uva (marzo), la entrega de cheques (junio) y su acreditación (enero del año siguiente). Y un recorte arbitrario del precio pactado, de $24 a $21 por kilo. Un mecanismo de "financiamiento" al que algunas firmas le sacan algo más de ventaja con la actualización del valor del vino al momento de salir al mercado.  

"Si bien cada bodega deberá readaptar su relación particular con los proveedores al nuevo marco, vamos a esperar lo que en la práctica surja para reunirnos con el Gobierno y analizar precisiones. No es una regulación ideal, porque seguramente pagarán justos por pecadores", señaló Sergio Villanueva, de la UVA (Unión Vitivinícola Argentina) respecto al contexto actual.

Para el productor y presidente de la Cámara de Agricultura y Comercio de Tupungato, Sebastián Lafalla, "lo ideal es no permitir que los contratos se registren en blanco, porque hay bodegas que despues ponen lo que quieren. Y en el mejor de los casos contemple una actualización por inflación entre la entrega y el cobro de los cheques. Incluso para esto es importante contar con pronóstico de cosecha en un año que promete 20% menos uva y puede ser favorable a los productores".

En cuanto a la metodología, el Ministerio de Economía dispuso a partir de la temporada 2019/2020 la obligatoriedad de registrar los contratos ante la Dirección de Fiscalización y Control. El organismo encargado identificará con Número de Registro de Contrato a cada una de las transacciones realizadas por el establecimiento receptor, que deberá inscribirlo antes del primer ingreso de la materia prima y hasta 10 días hábiles posteriores al cierre de cosecha según el INV.

El caso de frutas y hortalizas

Más allá de que la uva es el caso emblemático, la obligación de formalizar montos y plazos y abarca también a otros productos agroindustriales. Así, el 30 de marzo es el plazo predeterminado para tomate, durazno y ciruela.

Por su parte, se fijó en el 20 de enero para el ajo y 15 de junio para el caso de la aceituna. Cualquiera sea el producto, se especifica que "la inscripción podrá ser realizada en forma física o electrónica, con la firma digital de las partes", esto es, comprador y vendedor.

En el resto de los sectores productivos tendrán más tiempo. "La obligación de registración de los restantes contratos agrícolas se implementará gradualmente, en función del grado de desarrollo institucional que tengan los mercados de compra venta de materia prima para los distintos sectores agroindustriales de la Provincia", dice la medida.  


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Micheal Benson 2020-02-09

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